Juan Diego Castro Fernández
El presidente y el gobierno de la República, hoy presentaron ante la Asamblea Legislativa, seis importes proyectos de ley para ajustar el ordenamiento jurídico a los retos de la realidad criminológica actual.
Apoyamos entusiastamente estas iniciativas legislativas, que merecen un trámite expedito, que refleje la determinación parlamentaria de enfrentar eficazmente el desafío sangriento de la criminalidad.
- Ley para Restaurar la Seguridad Ciudadana y Contener a los Delincuentes que Representan un Peligro para la Sociedad
La presente propuesta plantea una reforma en el Código Procesal Penal con el fin de ampliar las condiciones en las que se aplicará la prisión preventiva a los criminales considerados peligrosos para la sociedad.
En estos casos, no se permitirá la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, con el propósito de garantizar efectivamente la seguridad de la población.
La reforma está enfocada específicamente en los delitos violentos que involucren el uso de armas de fuego y la pertenencia a organizaciones criminales.
- Ley para Adecuar la Respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia Organizada
Esta reforma amplía el ámbito de aplicación de la prisión preventiva a menores de edad que representen un peligro para la sociedad, así como a aquellos que formen parte de grupos delictivos.
Claramente protege el respeto a los derechos de los menores, pero sin violentar los derechos de las víctimas de los crímenes cometidos por dichos grupos delictivos.
Esta medida busca garantizar la seguridad de la población y evitar la impunidad de los delitos considerados de alta peligrosidad.
Con esta modificación normativa esperamos que la justicia penal juvenil pueda actuar de manera más efectiva y, de esta forma, contribuir a la tranquilidad y paz social.
- Ley de Reforma Constitucional al Artículo 32 de la Constitución Política de la República de Costa Rica para Permitir la Extradición de Nacionales (Diputados)
Este ajuste constitucional tiene como objetivo permitir la extradición de costarricenses que hayan cometido delitos en el extranjero.
Hasta ahora, existía un vacío legal que obligaba a juzgar y mantener en prisión con nuestros impuestos, a un nacional requerido por la justicia de otro país.
Con esta reforma, buscamos dejar a favorecer a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional y favorecer la cooperación internacional. Además, llenaríamos un vacío legal que nos ha mantenido en una posición de desventaja en relación con otros países que ya permiten la extradición de sus nacionales. Esta propuesta de “lege ferenda” representa un paso importante en la lucha contra el crimen organizado y en la real protección de la seguridad nacional.
- Proyecto de Ley Reforma a los Artículos 7, 88, 88 bis y 88 ter, de la Ley n°7530 de Armas y Explosivos y sus Reformas
El proyecto busca expandir los casos que prohíben la portación de armas de fuego. En concreto, se incluirían personas que hayan cometido delitos contra la vida, la propiedad, contra la mujer y quienes sean agresores.
Además, se proponen penas más severas para aquellos que porten armas inscritas que pertenezcan a terceros. El proyecto también contempla la cancelación del permiso de portación a quienes no denuncien la pérdida, el extravío o la sustracción de su arma.
En definitiva, con esta iniciativa buscamos limitar la portación de armas de fuego a personas responsables, y castigar a aquellos que hagan un uso irresponsable de las mismas.
- Ley para la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones
La legislación actual permite la intervención de las comunicaciones en diversos delitos, pero se ha vuelto insuficiente para la realidad nacional. En este contexto, el proyecto amplía los crímenes en los que se realizarán estas intervenciones, incluyendo la corrupción en el ejercicio de la función pública, el enriquecimiento ilícito, los sobornos, entre otros.
El fiscal general tendrá la capacidad de usar este medio con el permiso de un juez, lo que sería una herramienta fundamental para combatir la corrupción. En definitiva, la ampliación de las intervenciones de las comunicaciones es una medida necesaria para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública.
- Ley del Sistema Penitenciario Nacional
El proyecto busca llenar una laguna legal en cuanto a la ejecución de la pena en nuestro país. Actualmente, el sistema penitenciario está regulado por un conjunto de leyes que no responden a la realidad nacional de hoy día.
Esta actualización normativa busca otorgar seguridad jurídica y una organización general bien establecida a cada uno de los órganos que conforman el sistema, así como establecer los derechos y deberes de quienes hayan sido declarados culpables de cometer un delito. Con esto, buscamos mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario y garantizar una justicia más efectiva, protegiendo a las víctimas y a la sociedad.
Que la politiquería y la insensatez demagógica cedan ante el reclamo nacional de protección de la sociedad civil.
