Buenos días,
Señor Fernando Cruz Castro, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Señoras y señores Magistrados
Funcionarios del Poder Judicial
Señoras y señores,
Les quiero expresar mi agradecimiento por la invitación a hablar ante una institución hija de nuestros más queridos valores democráticos, la Corte Suprema de Justicia.
Ustedes son los altos jueces de una República ejemplar como es Costa Rica, garantes de la justicia. Me siento orgulloso de no tener que dirigirme a una junta militar que, sustentada en la estruendosa voz de las armas, hace uso infame del poder.
Costa Rica regocijarse al vernos juntos. Un mandatario electo democráticamente dirigiéndose a veintidós magistradas y magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa en representación del pueblo.
Quiero pensar que la historia tiene un propósito especial para cada uno de nosotros al reunirnos, justo aquí y en este momento, en una situación de tomar las decisiones y de emprender las acciones que definirán el presente y el futuro de nuestra Patria.
Es un privilegio del que debemos hacernos dignos. Somos herederos de una historia maravillosa a la que debemos honrar y que nos extiende su mano generosa y nos llama a virar el timón de este barco sagrado de la Patria para sacarlo de la tormenta en que se encuentra y llevarlo hasta mejores puertos.
Estamos hoy aquí, a casi 200 años de un suceso que modificaría por completo la naturaleza y futuro de la patria: el 25 de enero de 1825 se concretó constitucionalmente la creación del Poder Judicial, cuando se promulgo la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, que le atribuyo el ejercicio judicial a una Corte Superior de Justicia.
Durante 197 años, nuestro sistema judicial ha levantado, ladrillo a ladrillo, soportando las embestidas de los tiempos, una estructura sólida, sí, pero que hoy requiere pasar urgentemente por el crisol del cambio – para mejorar la justicia en nuestro país. Eso no solo lo piensa el presidente de la Republica. Lo demanda el pueblo.
La corte ha hecho esfuerzos que merecen reconocimiento. La pandemia del Covid-19 obligó a la institucionalidad del país a un vuelco digital que permitiera seguir brindándole a la ciudadanía los servicios públicos, y el Poder Judicial no fue la excepción.
Las plataformas electrónicas que pusieron en funcionamiento evitaron, en gran medida, el desplazamiento de las personas usuarias a los edificios judiciales.
Según datos del Poder Judicial, a inicios de este año se tramitaron, vía digital, cerca de 428 mil notificaciones, 44 mil hojas de delincuencia, casi 1500 certificaciones de pensión alimentaria y 258 mil consultas de jurisprudencia, entre otros servicios. Todo esto, muy bien.
Por otro lado, tenemos que reconocer que el poder judicial consume cada vez más recursos de la sociedad, sin un claro progreso en el ejercicio de la justicia. Por ejemplo, el número de funcionarios del Poder Judicial por cada 100 mil habitantes pasó de 160 en el año 2000 a 251 en el 2018. Los presupuestos del poder judicial crecieron más de 12 veces en ese periodo. Este consumo de recursos no ha causado una mejora conmensurada con la calidad de los servicios que le otorga el poder judicial a la sociedad.
Sin embargo, los cambios que nos demanda nuestro tiempo van más allá de la indispensable y urgente mejora de gestión y eficiencia. Esos cambios, son más profundos y están más atados a la sagrada raíz de nuestro compromiso con la nación.
En la fachada frontal del edificio en el que hoy nos encontramos, aparece representada una imagen icónica que todos conocemos. Firme y segura, su mano izquierda sostiene la balanza de la imparcialidad, su mirada en alto, su postura robusta, con su inamovible voluntad moldeada en bronce, se encuentra la Justicia.
Abajo, desplomado a sus pies, aferrado con todas sus fuerzas para no terminar de caer, pero sin empezar a levantarse, se encuentra el Pueblo. Pueblo que busca, casi suplicante, la mirada de una Justicia que no lo ve.
Justicia que desde la altura de su posición y la firmeza de sus brazos no abandona al Pueblo caído, pero aun así no baja la mirada para poder reconocerlo.
Señores y señoras.
La lectura alternativa a la efigie emblemática de este edificio, más allá de una interpretación imaginativa, debe ser para nosotros un llamado por una resignificación de la imagen de la Justicia.
Ni el mejor esfuerzo por alcanzar la justicia, aunque nuestras acciones sean honestas y sinceras, podrá ser completo si desviamos la mirada de nuestro pueblo.
Ese pueblo maravilloso al que nos debemos, me encomendó el pasado 8 de mayo la responsabilidad histórica de dirigir este país en un momento crucial.
Yo le reafirmo a mis compatriotas hoy, con más convicción que nunca: ¡No desviaré la mirada! ¡El Poder Ejecutivo no desviará la mirada! Porque si el pueblo de Costa Rica deja de ser nuestro enfoque en la crisis que vivimos, aunque sea por un momento, este Gobierno encausaría la patria hacia destinos indeseados e indignos de nuestro país.
Soy respetuoso del principio de Independencia de Poderes. Sin embargo, la responsabilidad histórica que me encomendó el soberano me obliga a señalar deficiencias de un sistema judicial cuyo desempeño y solidez determinaran si Costa Rica será próspera, democrática e igualitaria.
Por ejemplo, el país cumple casi un año de no contar con un fiscal general. La prolongada ausencia de esta figura lacera las importantísimas funciones del Ministerio Público y afecta sensiblemente la política de persecución penal del país.
La tardanza en su designación es zozobra para el pueblo costarricense, que clama por el proceso ágil, contundente y efectivo de los casos de corrupción que tanto lastiman las bases de nuestro Estado – y adonde el pueblo ve con tristeza que no hay progreso y permanece demasiada impunidad.
Magistradas y magistrados, aprovecho este foro para hacerles un respetuoso llamado a resolver cuanto antes la designación del Fiscal General, elección que debería estar libre de intereses velados, injerencias políticas y pugnas internas de poder.
Estoy seguro de que están conscientes de esta gran responsabilidad que conlleva escoger a una persona idónea de manera objetiva, que tenga los atestados, la capacidad, la probidad y, sobre todo, la valentía de asumir el gran compromiso que le demandará su cargo.
La lentitud en la administración de la justicia afecta la eficacia con que se resuelven los casos de corrupción en el país. Según el último Informe del Estado de la Justicia, en promedio se demoran 1070 días; es decir, 2 años y 9 meses en resolver un caso de corrupción en el Juzgado Penal.
El pueblo demanda cesar la impunidad de los corruptos y esa demanda, en el marco de la democracia, le corresponde únicamente al poder judicial.
Con respeto digo, que Costa Rica se encuentra muy lejos de cumplir con la obligación del sistema judicial ante los costarricenses y que ustedes conocen mejor que yo: la Tutela Judicial Efectiva, conocido popularmente como el principio de Justicia Pronta y Cumplida, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
No nos engañemos, señoras y señores, ¡la justicia que no es pronta no es cumplida! Es más bien, una injusticia.
No honrar la promesa dictada por este noble principio, más que incomodarnos y avergonzarnos, debe movernos a la acción para dejar de incumplirle a los costarricenses.
Acción que hoy se nos hace urgente, dado el lastre de un problema sistemático que a través de los años no ha dado tregua a la sed de la ciudadanía por la resolución eficaz y oportuna de las causas judiciales.
Muchos costarricenses que acuden a los tribunales arrastran un lastre enorme por la terrible pendiente de un proceso judicial que pareciera interminable, solo para volver a ver caer, una y otra vez, cuando cree haber alcanzado la cima, abrumados por el peso implacable de la falta de respuesta de los jueces que no cumplen en plazos razonables con su misión fundamental.
Tampoco puedo dejar de mencionar mi gran preocupación ante la visión generalizada del pueblo de que el cáncer de la corrupción también ataca a todos los poderes de la república, incluyendo al poder judicial, y de manera grave. La corrupción es innoble y canalla en cualquier lugar del estado. Pero es una amenaza de proporciones gigantescas a la democracia cuando invade y controla al poder judicial – con corrupción en el poder judicial no hay justicia, sin justicia el estado pierde legitimidad y sin esta legitimidad la democracia no permanece. Todos los ciudadanos clamamos por acción contundente para arrancar de raíz la corrupción y la influencia del crimen organizado en los tres poderes de la Republica.
Los ciudadanos también estamos inquietos y preocupados por el uso de la judicialización como herramienta de la politiquería burda y barata.
Esta insigne institución que ustedes representan no debe permitir que individuos y grupos mal intencionados continúen utilizando a la fiscalía general de la República, o al sistema judicial en general, como obsceno cañón para disparar sus balas de odio – para avanzar sus intereses canallas.
Esto no afecta solamente al individuo que ha sido víctima del vejamen, sino a todos los usuarios que necesitan de tribunales ágiles, ocupados en resolver con la mayor celeridad posible las causas verdaderamente importantes.
Es momento de parar a los canallas estan llenando los tribunales de demandas absurdas y frívolas – el país debe castigar el abuso de los procesos judiciales y debemos promulgar legislación que sancione esas acciones, con el debido balance a los derechos de las personas. Me parece ideal que la iniciativa venga del mismo poder judicial.
La Corte hoy carga con un peso que limita su capacidad de poder responder con agilidad esas causas que el pueblo reclama: la inmensa cantidad de funciones administrativas que debe cumplir, desde el nombramiento de jueces y jerarcas, la definición de políticas administrativas y económicas del Poder Judicial, el reconocimiento del régimen disciplinario y otra enorme cantidad de tareas menguan el cumplimiento cabal de una institución que, por antonomasia, es la representación de la administración de la justicia en el país.
Cada uno de los retos que he señalado no le incumben solamente al Poder Judicial. La separación de poderes será siempre columna virtuosa de nuestra democracia, pero la unidad y el trabajo conjunto de todas las instancias del Estado marcarán el rumbo de una Costa Rica fortalecida.
“Uno solo puede ser vencido, dos podrán resistir, pero juntos la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente”, proclama el libro del Eclesiastés.
Tres son los poderes, uno solo el presupuesto de la República. Los tres somos responsables del uso de los recursos públicos – pero lo esencial es que somos responsables del futuro de nuestro país.
Hagámonos dignos los tres poderes de esa obligación – la que requiere que sepamos siempre que los títulos de Diputados, Magistrados y presidentes son, nada más, que unas etiquetas insignificantes y efímeras, sin ningún valor en relación al esplendor y permanencia de la palabra “ciudadanos”.
Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Costa Rica.