El 14 de setiembre de 2021 emplacé a Wagner Molina Ruiz, Fiscal General Interino del Ministerio Público. Su respuesta fue un plato de babas. 7 meses sin que pasé nada.
Tres casos gravísimos y una dañina asociación ilícita
Adelante comentaré de manera sucinta tres graves casos delictivos, que tienen como común denominador la participación criminal de los sospechosos Luis Guillermo Solís Rivera (presidente 2014-2018) y Carlos Alvarado Quesada (presidente en ejercicio desde el 8 de mayo del 2018).
Ellos y otros sujetos aún no imputados, son miembros de una asociación ilícita que cometió los delitos de: 1.prevaricato, 2.malversación, 3.violación de datos personales, 4.influencia en contra de la hacienda pública, 5.incumplimiento de deberes y 6.favorecimiento personal.
No me refiero al “caso del cementazo”, que ustedes sabrán qué pasó ahí y que descubrieron del lado oscuro de la luna judicial.
Una nebulosa cubre los entresijos de esas investigaciones fiscales, máxime si no olvidamos que aquella fiscala generala tuvo el control pleno de esos procesos y no sabemos cuáles fueron sus mandatos y el estilo de los encargados de tales causas.
Serán ustedes ínclitos funcionarios los responsables de no perder un minuto más y procurar que eses pesquisas concluyan pronto y veamos las pulcras acusaciones que aguardamos.
Es hora de acumular esos asuntos en un solo expediente, los hechos y los partícipes lo permiten y resulta óptimo, siempre y cuando el equipo fiscal que lo atienda posea la idoneidad técnica indispensable bajo vuestra dirección y control.
Señores fiscales, estamos frente a una de las organizaciones criminales que más daño a causado a la sociedad civil costarricense y es el momento de cumplir vuestros mandatos legales.
Caso UPAD
Han transcurrido 19 meses de investigaciones fiscales y este caso podría ser el que lidera la lista de la mora fiscal. ¿Causalidad?… El 22 de febrero del 2020, ante la modorra de la fiscalía general, fui el primero en presentar una denuncia por los delitos consumados y en grado de tentativa por violación de datos personales y de prevaricato, contra Carlos Alvarado Quesada y otros sospechosos. Ahí principió el expediente 20-005434-0042-PE, donde se tramita ese proceso y en el que se ordenó el primer allanamiento de la Casa Presidencial, 6 días después de mi denuncia, el 28 de febrero del 2021.
Este es uno de los más graves crímenes cometidos por el presidente de la república y sus coautores y cómplices de casa presidencial, aquí y en el mundo entero. En cualquier país “del primer mundo” no habría pasado un día más sentado en la silla presidencial.
Uno de los delitos imputados es el de violación de datos personales, artículo 196 bis del Código Penal, dispone que “será sancionado con pena de prisión de uno a tres años quien en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apodere (…) acceda, copie, (…) difunda, recopile, (…) dé un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.”
El otro delito es prevaricato, artículo 150 del Código Penal, dice: “Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos.” Nunca, en más de cincuenta años, la justicia costarricense ha dictado una sentencia condenatoria por prevaricato y no creo que en este proceso se produzca ese hito jurisprudencial.
Hechos delictivos de esta magnitud, con evidencias claras – si fueron debidamente recolectadas y custodiadas (si no se repite otra pifia, como la prueba panameña en el caso Alcatel)- y el Ministerio Público no se ha atrevido, al menos, a pedir a la Corte que envíe la solicitud de levantamiento del fuero del imputado presidente de la república, a la Asamblea Legislativa.
Don Wagner gestione ante la Corte la solicitud de desafuero del imputado presidente de la república, las señoras y los señores magistrados deberán tramitar y enviar el expediente al Directorio Legislativo para que inicie el procedimiento regulado por la Constitución Política y la Asamblea Legislativa resolverá si levanta el fuero al presidente sindicado y usted proceda a indagado de inmediato. Usted conoce la ley y sabe que debe hacerlo pronto.
Caso “cochinilla”
El expediente 19-000025-1218-PE, inició en el segundo año del gobierno actual, mucho antes del descubrimiento del inicio de la “dictadura de datos”, caso UPAD.
El 14 de junio del 2021, hoy hace tres meses, la Casa Presidencial fue allanada por segunda vez (en la historia de este maltrecha y bicentenaria república). Un año y tres meses y medio, 472 días después del primer allanamiento.
Los delitos investigados son: Malversación. Artículo 363 del Código Penal, que dice: “Serán reprimidos con prisión de uno a ocho años, el funcionario público, los particulares y los gerentes, administradores o apoderados de las personas jurídicas privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios que den a los caudales, bienes, servicios o fondos que administren, custodien o exploten por cualquier título o modalidad de gestión, una aplicación diferente de aquella a la que estén destinados. Si de ello resulta daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en un tercio”.
Y el delito de Influencia en contra de la Hacienda Pública. Artículo 57 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito dispone: “Serán penados con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin.”
De la profusa información filtrada a la prensa, que no será toda la de la esa causa, no aparecen como imputados -aún- el presidente de la república, los ministros de hacienda y de obras públicas y transportes. Solo funcionarios de segundo y tercer nivel son los señalados como corruptos sospechosos y los endilgados empresarios corruptores.
Usted, don Miguel Ángel, encomendado por la Corte Plena para dirigir esta crucial investigación, ha de estar muy claro en que apenas conocemos el lado claro de la luna, pues la divulgación de los manejos truculentos y delictivos de fondos públicos, apunta la brújula jurídica hacia el norte constitucional, al inciso sétimo del numeral 139, que señala como deber y atribución del presidente: “Disponer de la recaudación de las rentas nacionales de acuerdo a al as leyes.”
Señor fiscal subrogante, insisto atentamente: ¡De acuerdo a las leyes!… A menos que pensemos, como otrora algún fiscal, que el poder ejecutivo no lo ejercen dos, el presidente y el ministro respectivo, verbigracia Crucitas Arias, sólo uno de ellos. ¡Por favor!
Hoy están tras las rejas -preventivamente- dos empresarios tildados de corruptores, coimeros, entregadores de birras y salchichones y hasta de alcahuetes. Ellos deberán responder por los actos que cometieron, pero si el presidente y sus ministros tenían el deber constitucional de respetar las leyes: 7994 de Contratación Administrativa, 8131 de Administración Financiera, 9371 para la eficiencia en la administración de los recursos y 9524 para el fortalecimientos del control de presupuestos.
En este caso, de las mismas actas del expediente legislativo 22556, la “Comisión Investigadora de la presunta red de corrupción en obra civil, caso chochinilla”, se desprende que la filtración de datos fiscales a la prensa, no refleja el lado oscuro de esa luna fáctica, no menciona a los actores, y autores, de una asociación delictiva entre los ciudadanos Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada (su presidente del IMAS, su ministro de trabajo, su camarada del PAC).
Don Miguel Ángel, aplique la ley, usted sabe cómo hacerlo y “parta el ayote -procesal- por la mitad”, dirija sus baterías fiscales contra todos los partícipes en esta trenza delictiva, donde solo vemos dos hebras, falta la más gruesa, la de los pelos de la casa presidencial.
Caso de los 182.000.000.000,00 colones
La comisión permanente especial para el control del ingreso y gasto públicos, según expediente 20.949, realizó la “Investigación para analizar el problema de las finanzas públicas que generó un hueco fiscal de aproximadamente 900 mil millones de colones, así como la utilización de 182 mil millones de colones por el gobierno para el pago de amortizaciones sin tener contenido presupuestario ni autorización legislativa.”
En el acápite 3.1.9: El dictamen de mayoría dispuso: “ Llamada de atención para el presidente Carlos Alvarado”:
Los diputados integrantes de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, exigimos respeto a la división de poderes y a las funciones constitucionalmente atribuidas de forma exclusiva a la Asamblea Legislativa.
Este Parlamento, en representación del pueblo, no permitirá ni avalará nunca acciones en contra del ordenamiento jurídico y, mucho menos, la usurpación de sus funciones, como ha quedado demostrado en el presente informe, ocurrió con los pagos sin autorización Legislativa llevados a cabo y defendidos por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada.
La vigilancia de la Hacienda Pública y la potestad única de aprobar los presupuestos de la República por parte de esta Asamblea Legislativa, no son funciones antojadizas; todo lo contrario, le fueron justamente encomendadas para garantizar un ejercicio controlado del poder y que este no se desvíe de sus propósitos, pudiendo amenazar la solvencia financiera del Estado, como sucedió con este llamado “hueco fiscal” y sus efectos subsecuentes y colaterales.
El mensaje dado por el señor Carlos Alvarado desde la máxima magistratura del país, avalando estas conductas ilícitas en diferentes medios de comunicación, puede generar un peligroso precedente antidemocrático que normalice las acciones autoritarias, opuestas al pluralismo y la soberanía popular.
Por ello, esta conducta debe ser señalada y condenada de forma enérgica por todo el Plenario Legislativo y el pueblo costarricense que representa. Ninguna excusa es válida para embestir los cimientos democráticos de Costa Rica.
Estos diputados, defenderemos al Parlamento, la independencia de poderes y los pesos y contra pesos necesarios para el adecuado funcionamiento democrático de nuestro sistema político.
Así las cosas, repudiaremos siempre cualquier acción, omisión o mensaje que atente contra los postulados más básicos de nuestra República, como lo es un sano equilibro y división del poder.
Tabla No. 2
Declaraciones del presidente avalando pagos sin autorización legislativa
| TITULAR | MEDIO DE COMUNICACIÓN | FECHA |
| Presidente respalda accionar de ministra de Hacienda en pagos de deuda sin contenido presupuestario | Teletica | 10 de Agosto del 2018 |
| Alvarado acuerpa a ministra de Hacienda que pagó deuda con ¢182 mil millones sin aval de Congreso | AmeliaRueda.com | 10 de agosto del 2018 |
| Presidente consintió pago ilegal de ¢182 mil mills. | Diario Extra | 11 de agosto del 2018 |
| Presidente comparte responsabilidad con ministra de Hacienda | CrHoy.com | 10 de agosto del 2018 |
| Carlos Alvarado respalda a ministra ante pago de deuda pública: ‘El Estado debe pagar’ | Diario La Nación | 10 de agosto del 2018 |
Fuente: Elaboración propia con noticias de diferentes medios de comunicación.
Asimismo, en el parágrafo 3.1.10, intitulado la impunidad consentida desde casa presidencial.
Los Diputados del Partido Liberación Nacional, Franggi Nicolás, Luis Fernando Chacón y Yorleny León desarrollan este punto sobre la impunidad.
En este caso en particular, los suscritos hemos visto que se ha propiciado al menos un problema de control que ha favorecido la impunidad del anterior gobierno. La Administración Alvarado Quesada, del mismo partido político que la Administración Solís Rivera, no ha dado muestras para investigar las actuaciones claramente irregulares y proceder a los castigos y denuncias correspondientes.
Aunque se ha querido hacer ver que el tema no tiene relevancia o ya está saldado al haberse pagado sin autorización presupuestaria y se ha logrado equilibrar el presupuesto, incluyendo los recursos que se requerían desde 2017; los miembros de la Comisión y en particular los del Partido Liberación Nacional, estamos haciendo el mayor esfuerzo para que estos procesos investigativos se realicen a la brevedad posible y se castiguen los hechos denunciados.
La gravedad de los eventos y las actuaciones gestadas irresponsablemente desde el Ministerio de Hacienda y con el respaldo del Presidente de la República, no tienen precedente en la historia de Costa Rica y refieren al riesgo en que se puso al país de entrar en un “default” financiero, es decir incapacidad de pago por parte del Estado costarricense, ya sea por cese de amortizaciones e intereses o por una mayor caída del nivel de inversión del país, que encarece los bonos nacionales colocados en el mercado local y eventualmente en el mercado externo.
A las puertas de estos peligros financieros expuso el gobierno de Luis Guillermo Solís al país, irrespetando la institucionalidad y la legalidad pilar fundamental de los principios rectores del derecho financiero y del presupuesto general de la República y violentando las normas básicas de manejo y gestión financiera del Estado.
Por esta razón fue que la Asamblea Legislativa tuvo que subsanar esta situación, y restablecer nuevamente el principio de legalidad, a través de la aprobación de dos presupuestos extraordinarios, en aras de poder cubrir el faltante de dineros que provocó el “hueco” presupuestario sin precedente alguno en este país y que se estimó en 900 mil millones de colones. Desde que inició la investigación, la Diputada León Marchena suscribió varios oficios dirigidos a Casa Presidencial, con consultas relativas a las acciones que se iban a tomar para sentar responsabilidades en este caso. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo han evadido pronunciarse y desde el Ministerio de Hacienda, no vemos intenciones claras de abrir procesos sancionatorios que culminen con el despido inmediato de los funcionarios involucrados y con la elevación de este caso a instancias judiciales, dado que acá existe una evidente y manifiesta distracción de fondos públicos o posible peculado, tal como lo contempla el artículo 361 del Código Penal. Incluso la Diputada Franggi Nicolás Solano presentó el día 10 de agosto del 2018 una relación de hechos sobre las irregularidades en torno al hueco fiscal y sin embargo a la fecha el Ministerio Público no ha realizado formalmente ninguna acusación. Pese a lo anterior, vale la pena indicar que La Contraloría General de la República, sí abrió una investigación al respecto de estas irregularidades. Igualmente la Diputada Silvia Hernández, denunció este caso desde la Comisión de Asuntos Hacendarios y envió igualmente oficios exigiendo se investigara cuanto antes”. Nota: Todos estos oficios se adjuntan al expediente.”
La comisión permanente especial para el control del ingreso y gasto públicos, según expediente 20.949, solicitó al Ministerio Público:
“Que se investigue con base a los hechos expuestos en esta comisión investigativa, la posible comisión de varios delitos por parte de los funcionarios públicos involucrados y en la cual se establezca la eventual responsabilidad de estos funcionarios”.
Gestiones pendientes
Estos tres procesos llevan entre uno y tres años de investigación fiscal, lapso suficiente para determinar los niveles de participación delictiva de los sospechosos Solís y Alvarado. Con tanto trabajo desarrollado por los funcionarios del Ministerio Público y dado en el acervo probatorio acopiado, es hora de indagarlos y solicitar las medidas cautelares, al menos contra el encartado Solís que no lo cobija fuero alguno y proceder como corresponde con el sindicado Alvarado, solicitando el levantamiento del fuero a la Asamblea Legislativa.
Datos para ejercer la acción penal popular
A fin de ejercer la acción penal popular, un grupo de costarricenses y el firmante, le ruego brindarme la información y el acceso a todos los expedientes que existen contra los mentados ciudadanos Solís Rivera y Alvarado Quesada.
